domingo, 20 de febrero de 2011

Para este viaje no hacen falta alforjas

En la anterior entrada, los toros en busca de ministerio, anunciaba mi asistencia el pasado jueves, 10 de febrero, a unas mesas redondas sobre el traspaso de las competencias taurinas desde el Ministerio del Interior al de Cultura, tema que tiene alborotado el patio y al personal taurino. Y me preguntaba qué competencias tenía el Estado sobre la materia y, de ellas, cuáles eran de Interior, ya que ese es el objeto del traspaso en cuestión.

Debo decir, que tras más de tres horas y media, salí con la cabeza caliente y los pies fríos. Y no porque no hubiera brasero.

La primera nota destacada, y no por ello menos previsible, es la ausencia clamorosa de esos "taurinos" que tanto tiempo llevan dando la matraca con el asunto. Y si había alguno en la sala, desde luego yo no lo reconocí.

En las dos mesas redondas, cuya composición puede leerse en “El traspaso de competencias entre los Ministerios de Interior y Cultura (algo más que un sencillo cambio de domicilio)”, el nivel académico se imponía sobre cualquier otra consideración, y, con las matizaciones que diré, los ponentes agotaron la materia a debatir; entre otras razones, porque la cosa es de muy poca sustancia y no da más de sí. Esta es una síntesis de las intervenciones y de mis impresiones:

  • Los motivos de orden público que, en su momento, llevaron las competencias taurinas a Interior, hoy han desaparecido; por tanto, no hay razón alguna para mantenerlas en ese Ministerio (Albendea). Completamente de acuerdo.
  • El Estado tiene la competencia normativa en la materia, y las Autonomías, las de ejecución, salvo lo relativo a la prohibición o suspensión de los espectáculos (Albendea). Me temo que los hechos desmienten el aserto. Basta demostrarlo con la promulgación de cinco reglamentos taurinos autonómicos y la prohibición promulgada por el parlamento catalán. Ya sé que la abolición está recurrida al Constitucional; pero lo cierto es que la ley catalana está vigente. Como anécdota diré que el senador del PSOE, Cid Cebrián, cree también en la inconstitucionalidad de la prohibición, y que se siente representado por los 71 diputados y senadores del PP que interpusieron el recurso.
  • Existe un vacío institucional, porque nunca ha habido un órgano administrativo que represente lo taurino, y es conveniente crear un órgano que sea centro de ordenación y coordinación del sector, al modo, por ejemplo, del Consejo Superior de Deportes. No puede considerarse tal la Comisión Consultiva Nacional creada por la Ley Taurina, porque no tiene tal función y, además, es un órgano hoy inoperante por falta de convocatoria de los últimos ministros del Interior. De ahí deriva una situación de hecho en la actividad taurina, que puede calificarse de oligopolio imperfecto, favorecida además por la pasividad de una afición envejecida y desarticulada; y que ha llevado a decir a la ministra de Cultura que lo relevante no es el traspaso de competencias, sino la falta de una representación homogénea (Prada Bengoa). No puedo sino aplaudir con fuerza tan acertada descripción. 
  • La reglamentación taurina no es recomendable, porque no lo es la regulación jurídica de las bellas artes. No sólo sobre lo normativo, sino también lo institucional; es decir, sobra el ministerio de Cultura. Lo importante no es la reglamentación, que está hipertrofiada, sino la regeneración del toro de lidia (Sánchez Magro). ¡Olé! El problema es que la alternativa, es decir, la autoregulación del sector, no parece posible, visto lo visto hasta la fecha (Prada Bengoa). 
  • El aspecto cultural de la fiesta no es cuestionable por parte del gobierno, por el simple de hecho de coherencia con las medallas de Oro de las Bellas Artes que ha otorgado a toreros (Albendea). Eso sí, añado yo, con mejor o peor fortuna. 
  • Aceptado ese carácter cultural, la Constitución impone al gobierno la obligación de democratizar la cultura, en su art. 44 (Albendea), y la de fomento, conservando y promoviendo su patrimonio, en su art. 46; de ahí la importancia de su declaración como Bien de Interés Cultural (Sánchez Magro), importancia decisiva también en cuanto a reforzar la posición del Estado español en las instituciones europeas (Cid Cebrián). Y previene el art. 149.2 de la Constitución que, en todo caso, el Estado ha de considerar el servicio de la cultura como deber y atribución esencial (Plasencia).
  • De la Constitución y la ley taurina de 1991 se deduce que el Estado, en su actuación administrativa, está obligado a desarrollar políticas de fomento y de policía. La otra función administrativa, el servicio público, no parece tener encaje en esta materia (Plasencia). Discrepo de esa opinión, pues como tuve ocasión de exponer con detalle, el ente público RTVE está obligado legalmente, por su propia naturaleza de servicio público, a difundir la información y programación cultural. Y no se piense que la actividad de RTVE ha de considerarse como de fomento (como hace Albendea), sino de estricto y verdadero servicio público. La inclusión de programas taurinos es básica para el conocimiento de la fiesta, sobre todo entre los jóvenes, y poder así renovarse la afición (Naranjo). 
  • Como medidas de fomento, destacan las relativas a la ganadería de bravo, las escuelas taurinas, el asociacionismo y la promoción internacional (Albendea). El problema es que esa obligación de fomento no genera más que un correlativo derecho de los llamados de "tercera generación", es decir, no invocables directamente ante los tribunales (Sánchez Magro). Para conseguir el fomento y protección del patrimonio cultural de la fiesta, es necesario un replanteamiento de las competencias autonómicas mediante una ley de coordinación, de lo que hay precedentes, como la Ley 1/2002 en materia de defensa de la competencia (Prada Bengoa). Las medidas del art. 4.1. de la ley Taurina son compartidas entre el Estado y las Comunidades Autónomas, salvo las mínimas de competencia estatal con arreglo a la Constitución, incluídas las de unicidad de bases normativas (Plasencia). 
  • Las medidas de policía, salvo las de libro de ganaderías y registros de profesionales, competen a las autonomías (Plasencia).  Estas parecen ser las únicas competencias que tiene el Ministerio del Interior, y que no deben de ocupar más de una pequeña estantería.
  • El traspaso de competencias al Ministerio de Cultura es beneficioso por el simbolismo que ello representa (Albendea y Sánchez Magro); el acceso a subvenciones, puesto que en los Presupuestos del Estado para 2011 se recogen cuantiosas subvenciones en Cultura para el cine, por ejemplo, y en Interior ni un euro para toros; y para reducir el tipo de IVA de las corridas de toros (Albendea). Ya dije en mi anterior entrada que este último motivo es absolutamente falso, puesto que basta una mera decisión legislativa para ello, con independencia del órgano que asuma las competencias. Subrayo que todos los ponentes se mostraron conformes con este traspaso. 
  • En cuanto a los aspectos formales, el traspaso sólo exige un Real Decreto, informado por el Consejo de Estado y la Comisión Consultiva Nacional; no obstante, también haría falta una puntual modificación de la Ley Taurina, por cuanto desgina al Ministro del Interior como presidente de la Comisión Consultiva (Petit Caro). Es llamativo en cualquier caso, que el decreto que establece la estructura orgánica del Ministerio del Interior no recoja ninguna competencia taurina (Plasencia).
Amigo lector, como has tenido paciencia para llegar hasta aquí, te diré que, tras más de tres horas de ponencias, pensaba que el asunto no merecía tanto esfuerzo, y que poca importancia tenía si las escasas competencias a traspasar iban o no al Ministerio de Cultura. Y estaba dispuesto a inclinarme por esa propuesta, atendiendo a esas ideas plausibles de simbolismo y reforzamiento de la imagen de los toros ante el Parlamento Europeo, cuando la última intervención me abrió los ojos, bien es cierto que en sentido opuesto a lo pretendido por el ponente (Naranjo), que : denunció la actual diferencia en el tratamiento que la Administración dispensa a los toros respecto de otras artes, como por ejemplo, el cine; a lo que añadió la falta de iniciativa de los empresarios taurinos, que provoca la enorme dependencia de la Administración; y la falta de atención de los medios generales de información, en contraposición de nuevo con el cine, cuyos premios anuales "Goya" son objeto de gran cobertura mediática.

Y aquí es donde me puse a pensar y a imaginar cómo sería la fiesta si recibiese el mismo tratamiento que el cine español : pérdida progresiva de espectadores (se cifra en más de seis millones de espectadores los que dejaron de acudir a ver cine español en 2010), mientras empresarios, apoderados, toreros y ganaderos "amiguetes" seguirían engordando su patrimonio con las subvenciones; y vislumbraba tambien un lujoso escaparate anual de fatuos personajillos paseando su necia vanidad sobre una alfombra roja en la gala de los "Cúchares", "Paquiro" o como leches dieren en llamar.

En conclusión, ya he formado opinión al respecto, y esta es mi rotunda respuesta a la pregunta: ¿Deben traspasarse las competencias taurinas al ministerio de Cultura?


De todas formas, me temo que la decision ya está tomada, porque: Pérez Rubalcaba ya anunció públicamente el traspaso a Cultura; al senador Cid Cebrián se le remitió al citado ministerio, en contestació a la audiencia que, como presidente de la Asociación Taurina de Parlamentarios, pidió al presidente del Gobierno; y los toros están en la agenda de la ministra de Cultura, como lo acredita la foto que publicó la revista Yo Dona (y que conocí vía blog de Manón de donde la he tomado).

miércoles, 9 de febrero de 2011

Los toros en busca de ministerio

Desde que los prohibicionistas rompieron el frente de Cataluña, los taurinos andan alborotados dando vueltas y más vueltas (y palos de ciego, también) para buscar una respuesta eficaz que, al menos, impida nuevas conquistas del organizado ejército de los animalistas.

Entre las innumerables iniciativas de todo tipo, una de ellas considera que han de traspasarse las competencias administrativas de lo taurino al Ministerio de Cultura. Por cierto, que la idea no parece ser muy grata a la persona que ahora ocupa esa cartera, hasta el punto de que se las ingenió para evitar la foto con los elegantísimos toreros del llamado G-7.

Yo, en principio me pregunto dos cosas: 
  • ¿Qué competencias en la materia tiene actualmente la Administración del Estado?, a la vista de que muchas autonomías ya tienen reglamento taurino propio. Cosa paradójica es que haya distintos reglamentos para corridas de toros en Sevilla, Bilbao, Zaragoza, Valencia ó Madrid, y, sin embargo, haya uno solo para partidos de fútbol en Estocolmo, Ciudad del Cabo, Tokio o Buenos Aires. 
  • ¿Qué ministerios tienen actualmente competencias en materia taurina? Porque se argumenta que los toros deben migrar desde Interior, como si fuera allí donde radican todas las competencias taurinas; y, sin embargo, un alto porcentaje de departamentos ministeriales tienen algo que decir al respecto. Así, a bote pronto, se me ocurren, amén de Interior: Sanidad, Medio Ambiente, Hacienda, Trabajo, Administraciones Públicas o Comercio. Siendo esto así parece más razonable que las competencias sean asumidas por el Ministerio de la Presidencia, a modo de coordinación.

 Se aducen varias y variadas razones para la "mudanza" a Cultura. También hay gente en esto del toro que se opone. Yo, de momento, no tengo opinión formada al efecto. Para conocer algo más del tema, tengo pensado asistir mañana jueves, día 10, a partir de las 17:30, a una mesa redonda, con el título “El traspaso de competencias entre los Ministerios de Interior y Cultura (algo más que un sencillo cambio de domicilio)”, que tendrá lugar en la sede del CEU-San Pablo, c/ Julián Romea, nº 23.

Sólo diré una cosa ahora: entre las razones que esgrimen los taurinos para el traspaso a Cultura, una de las más voceadas es la de conseguir reducir el tipo del IVA. Y eso sí me gustaría aclararlo. Actualmente, todos los espectáculos taurinos tributan por ley al tipo reducido (8%), salvo las corridas de toros, que lo hacen al general (18%). Es, por tanto, una decisión política del Congreso de los Diputados la necesaria para igualar el tipo de gravamen de las corridas de toros al resto de espectáculos (taurinos o no), y no su acomodo en ese Ministerio. Lo extraño de todo esto es que son los "taurinos" los que buscan esa rebaja, no con el objetivo de abaratar los precios de las entradas (que debería ser el efecto inmediato de la rebaja del tipo) sino para aumentar su cuenta de resultados. Porque no olvidemos que el IVA lo pagan los espectadores y no las empresas.

Ya les contaré.

Nota: La foto de la Sra. González Sinde está tomada de aarte.com

Me corto la coleta

Puede parecer pretencioso servirme de esta frase, reservada para los que del enfrentamiento con el toro han hecho su oficio, pero permítase...